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La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) pidió establecer una diferenciación clara entre los operadores autorizados y quienes explotan tragamonedas clandestinas, al considerar que ambas actividades responden a marcos legales distintos y no deberían ser tratadas como parte de un mismo fenómeno.
Según la organización, las empresas que cuentan con permisos federales operan bajo obligaciones legales, fiscales y administrativas, mientras los establecimientos vinculados con el juego ilegal funcionan al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, una diferencia que, a su juicio, debe reflejarse tanto en el debate público como en las acciones de las autoridades.
El pronunciamiento también coincide con una semana de intensa atención sobre el sector, marcada tanto por los operativos contra las tragamonedas ilegales como por la salida a subasta de un paquete de acciones de Codere México por parte del SAT, un escenario que volvió a colocar a la industria del juego en el centro del debate y que, para AIEJA, hace aún más necesario distinguir a los operadores regulados de las actividades ilícitas.
El pronunciamiento de AIEJA también incluyó un respaldo a la Operación “Dos Bastos”, desplegada recientemente en el Estado de México, cuyos resultados fueron presentados por las autoridades como uno de los mayores golpes contra la operación de tragamonedas clandestinas, además de servir como base para una estrategia que el Gobierno federal prevé extender a otras entidades del país.
Para la asociación, este tipo de acciones representa un paso necesario para combatir una oferta de juego que funciona al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, puede estar vinculada con estructuras delictivas dedicadas a la instalación y explotación de estos dispositivos.
En ese contexto, AIEJA consideró que ampliar los operativos a otros estados permitiría reforzar la aplicación de la normativa vigente y limitar la expansión del mercado ilegal, siempre que esas medidas vayan acompañadas de una diferenciación clara entre los operadores autorizados y quienes desarrollan actividades clandestinas, un aspecto que la organización considera esencial para proteger la credibilidad del sector regulado.
Más allá del respaldo a los operativos recientes, AIEJA sostuvo que el combate al juego ilegal requiere una estrategia permanente basada en la aplicación efectiva de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como una mayor coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar, investigar y sancionar las actividades que operan fuera del marco regulatorio, un objetivo que, según la organización, también contribuiría a fortalecer la confianza en el mercado formal.
La asociación añadió que una respuesta sostenida permitiría reducir el impacto de las tragamonedas clandestinas sin afectar a los operadores que cumplen con las obligaciones previstas por la legislación mexicana, al tiempo que favorecería un entorno de mayor certidumbre para las empresas autorizadas y para los usuarios que participan en actividades reguladas.
Con ese llamado, AIEJA buscó reforzar el mensaje de que el desarrollo de la industria formal depende tanto del cumplimiento de las normas por parte de los permisionarios como de la capacidad de las autoridades para contener la oferta ilegal, una distinción que considera indispensable para preservar la integridad del sector y avanzar hacia un mercado más transparente.
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