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Gaming Compliance International (GCI) registró 174.300 millones de visualizaciones de transmisiones ilegales de al menos 90 segundos durante los 104 partidos del Mundial 2026. La cifra representa un promedio de 1.680 millones por encuentro.
El mayor volumen se produjo durante la final entre España y Argentina, que alcanzó 6.200 millones de visualizaciones ilegales. GCI contabilizó accesos procedentes de sitios web, redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas utilizadas para distribuir las señales sin autorización.
El informe aparece después de un torneo que también impulsó la actividad de las casas de apuestas. El mercado de apuestas en México creció 75% con el Mundial, de acuerdo con datos publicados tras la competición.
GCI advirtió que las cifras no representan espectadores únicos. Su metodología contabiliza visualizaciones independientes generadas, por ejemplo, cuando un usuario cambia de transmisión o vuelve a conectarse después de una interrupción.
El informe identificó publicidad de plataformas de apuestas no reguladas en transmisiones que concentraron el 95% de las visualizaciones ilegales, una exposición que para GCI convierte al streaming pirata en un importante canal de captación de usuarios fuera de los mercados regulados.
La relación también genera beneficios para quienes distribuyen las señales sin autorización, debido a que estos sitios pueden financiarse mediante publicidad y acuerdos de afiliación que les permiten obtener una parte de los ingresos generados por los jugadores referidos.
Según las estimaciones de GCI, algunos de estos acuerdos pueden entregar a las plataformas entre el 25% y el 50% de los ingresos netos de juego, creando un incentivo económico para mantener las transmisiones ilegales durante eventos deportivos con grandes audiencias.
GCI considera que la relación entre las transmisiones piratas y las apuestas no reguladas representa un problema que va más allá de la protección de los derechos audiovisuales, debido a que permite a operadores fuera de los mercados regulados alcanzar audiencias masivas mediante eventos deportivos internacionales.
El diagnóstico coincide con las advertencias realizadas por la industria mexicana, donde la AIEJA ha pedido reforzar la lucha contra el juego ilegal en México ante el impacto que estas operaciones pueden tener sobre las empresas autorizadas, los consumidores y la recaudación fiscal.
Para reducir esta exposición, GCI plantea una mayor colaboración entre titulares de derechos deportivos, reguladores del juego, plataformas tecnológicas y operadores legales, con medidas orientadas a interrumpir tanto las transmisiones como las vías de financiación utilizadas por los sitios que las distribuyen.
La organización también propone actuar contra los mecanismos de pago y los programas de afiliación que sostienen económicamente estas plataformas, ya que considera insuficiente retirar una transmisión cuando los responsables pueden trasladar rápidamente la señal hacia nuevos dominios o canales.
El informe sostiene que combatir esta estructura financiera permitiría reducir los incentivos para distribuir contenido deportivo sin autorización y, al mismo tiempo, limitar el alcance promocional que obtienen las plataformas de apuestas no reguladas mediante las transmisiones piratas especialmente durante competiciones internacionales capaces de concentrar audiencias de gran tamaño en periodos muy cortos.
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