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La Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó el análisis del amparo que cuestiona las reformas incorporadas en 2023 al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, un expediente que nació a partir de las restricciones a las nuevas máquinas tragamonedas, pero cuya relevancia ahora trasciende ese aspecto porque llevará a los ministros a determinar si las modificaciones respetan los límites que la Constitución impone al ejercicio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo.
El proyecto que estudia la Segunda Sala propone confirmar la validez de las reformas, por lo que la resolución no solo definirá el futuro inmediato de ese litigio, sino que también establecerá un criterio sobre el alcance que puede tener un reglamento al desarrollar una ley que fue aprobada décadas antes de que el juego online adquiriera el peso que tiene actualmente dentro del mercado mexicano.
La expectativa del sector responde a que la decisión podría aportar mayor certeza jurídica para operadores y autoridades, al tiempo que serviría como referencia para futuras controversias relacionadas con la regulación del juego, un escenario que ha incrementado la atención sobre la Corte y que explica por qué el debate dejó de limitarse a las tragamonedas para centrarse en la constitucionalidad del modelo vigente.
El crecimiento del juego online ha puesto en evidencia una particularidad del sistema mexicano, ya que las operaciones digitales continúan vinculadas a permisos concebidos para establecimientos presenciales, de modo que un litigio relacionado con casinos físicos termina teniendo efectos que alcanzan a buena parte del ecosistema online, incluso cuando ambos segmentos afrontan desafíos regulatorios y modelos de operación cada vez más distintos.
Esa situación contrasta con la evolución seguida por otros mercados regulados, entre ellos Colombia, España y el Reino Unido, donde el desarrollo del juego por internet llevó a crear categorías de licencia y mecanismos de supervisión específicos para los operadores remotos, una diferencia que no implica abandonar un mismo marco legal, sino reconocer que la actividad digital requiere herramientas adaptadas a sus propias características y riesgos.
La resolución de la Suprema Corte definirá el alcance de las reformas incorporadas al reglamento en 2023, aunque también ofrecerá una referencia para futuras discusiones sobre la regulación del juego en México, un mercado que ha cambiado con rapidez durante la última década como consecuencia del crecimiento de las plataformas digitales y de la transformación de los hábitos de los usuarios.
Más allá del desenlace del amparo, el expediente ha puesto sobre la mesa un debate que probablemente seguirá presente en los próximos años, ya que la coexistencia entre casinos presenciales y operadores online plantea desafíos regulatorios distintos a los que dieron origen a la legislación vigente, una realidad que otros mercados ya han afrontado mediante esquemas específicos para cada segmento sin renunciar a objetivos comunes como la supervisión, la protección del jugador y la integridad de la actividad.
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