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La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó el 21 de octubre un dictamen para combatir la corrupción deportiva en México, mediante una iniciativa presentada por Daniel Andrade Zurutuza, de Morena, que busca establecer responsabilidades penales para quienes manipulen competencias profesionales.
La propuesta contempla incorporar el artículo 154 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de sancionar acuerdos fraudulentos que alteren los resultados de partidos, torneos y otras competiciones mediante la entrega o aceptación de beneficios indebidos.
Según el análisis técnico de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue presentada originalmente en abril de 2025 y pretende proteger la integridad de las competencias frente a prácticas que comprometen la credibilidad de deportistas, árbitros y organizaciones deportivas.
El avance en comisión representa un primer paso dentro del proceso legislativo, aunque todavía no garantiza la aprobación definitiva de la reforma, cuyo alcance dependerá de las decisiones que adopten los diputados durante las siguientes etapas de discusión y votación.
El dictamen establece penas de dos a seis años de prisión para quienes soliciten, acepten, reciban u ofrezcan beneficios destinados a modificar el desarrollo o resultado de una competencia deportiva profesional, tanto mediante su participación directa como a través de terceros.
Además de las condenas de cárcel, contempla multas de entre 1.000 y 4.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mientras que las sanciones podrían duplicarse para determinados responsables vinculados laboral o administrativamente con instituciones deportivas.
La propuesta también busca castigar a quienes ofrezcan beneficios económicos a deportistas, entrenadores, árbitros y jueces para influir en los resultados, una práctica que puede favorecer operaciones fraudulentas dentro de los mercados de apuestas deportivas.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) manifestó reservas sobre la iniciativa, al considerar que una definición demasiado amplia de corrupción deportiva podría generar incertidumbre jurídica y perjudicar contratos legítimos de patrocinio o transferencias de jugadores.
Aunque la Comisión de Deporte emitió un dictamen favorable, la iniciativa todavía debe discutirse y votarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, además de superar las etapas legislativas posteriores antes de convertirse en una reforma vigente.
La manipulación de resultados representa un riesgo para las apuestas deportivas, como explicó Deadspin al analizar las medidas de integridad implementadas durante el Mundial 2026, que incluyeron mecanismos de vigilancia y cooperación para detectar posibles irregularidades.
No obstante, la reforma se concentra en establecer sanciones contra la corrupción deportiva y no contempla modificaciones específicas al régimen de licencias, impuestos o funcionamiento de las plataformas de apuestas, por lo que su alcance debe distinguirse de las normas que regulan este mercado.
Su eventual aprobación podría fortalecer las herramientas para investigar acuerdos fraudulentos, una necesidad también señalada en el análisis de SIGA sobre la integridad de las apuestas en Latinoamérica, donde se destaca la importancia de mejorar la cooperación entre autoridades, federaciones deportivas y operadores.
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